Crédito: El derecho a entender el por qué de la negativa del algoritmo

Diez euros al mes. Esa era la cuantía del contrato de telefonía móvil que una consumidora austriaca no pudo celebrar porque una evaluación crediticia automatizada, realizada por una empresa especializada, concluyó que no era suficientemente solvente. La cantidad era modesta, pero la cuestión jurídica que suscitó no lo era en absoluto. Cuando la afectada quiso saber por qué se le había negado el contrato, recibió una explicación insuficiente y se encontró con la invocación del secreto comercial. Durante años, esa opacidad le impidió comprender el resultado y dificultó incluso la ejecución de una resolución firme que ya había reconocido la vulneración de su derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanjó el asunto el 27 de febrero de 2025.

El problema de fondo es antiguo. El Reglamento General de Protección de Datos reconoce a toda persona sometida a una decisión automatizada el derecho a obtener información significativa sobre la lógica aplicada. La expresión es deliberadamente abierta, y su interpretación había generado una notable incertidumbre. Para las empresas que utilizan sistemas de scoring automatizado, bastaba con describir de forma general el funcionamiento del modelo. Para los afectados, esa descripción genérica resultaba inútil, porque no les permitía saber qué había ocurrido en su caso. Faltaba precisar qué significa exactamente explicar una decisión adoptada por una máquina.

La respuesta del Tribunal evita dos extremos. No exige la entrega automática de la fórmula matemática o del algoritmo completo, porque esa información puede resultar ininteligible para el interesado y, además, no explica por sí sola el resultado. Tampoco admite descripciones abstractas que oculten la influencia real de los datos sobre la decisión. Lo que el afectado tiene derecho a recibir es una explicación individual del procedimiento y de los principios concretamente utilizados para tratar sus datos y obtener su perfil crediticio. La suficiencia de esa explicación depende de la conexión que establezca entre los datos de entrada, los criterios aplicados y el resultado, presentada con claridad para que la persona pueda comprenderla, verificar sus datos y ejercer sus derechos.

Las explicaciones contrafácticas, aquellas que indican qué cambio en la situación del interesado habría producido un resultado distinto, merecen una reflexión específica. Son una técnica especialmente útil, porque traducen el funcionamiento del modelo a un lenguaje comprensible. Pero no constituyen una fórmula obligatoria ni autosuficiente. Deben ser verdaderas, relevantes y, cuando se presentan como vías de actuación, razonablemente realizables. Decirle a una persona que habría obtenido el crédito con unos ingresos que nunca podrá alcanzar, u omitir otras condiciones decisivas, no satisface el derecho a la explicación, aunque formalmente responda a la pregunta planteada.

Una de las aportaciones de mayor alcance de la sentencia se refiere al secreto empresarial y a los datos de terceros. El responsable del tratamiento no puede decidir unilateralmente que su interés comercial prevalece sobre el derecho del afectado. Cuando considere que la información solicitada incluye secretos protegidos, debe someterla a la autoridad de control o al órgano judicial competente, que ponderará los derechos en presencia y adoptará, en su caso, medidas de confidencialidad proporcionadas. La caja negra no puede cerrarse por decisión de quien la utiliza; su apertura queda sometida a un control institucional independiente.

Esta solución tiene consecuencias directas sobre la prueba en los procesos judiciales. El juez puede acceder a la información necesaria para valorar si la explicación ofrecida al afectado es veraz y suficiente, sin que ello suponga revelar indiscriminadamente el modelo a competidores o terceros. Se abre así una vía intermedia entre la transparencia total y el secreto absoluto, que protege a la vez el interés legítimo de las empresas en preservar su conocimiento técnico y el derecho de las personas a no quedar indefensas frente a decisiones que no comprenden. Para la abogacía, se trata de una herramienta procesal de primer orden.

En España, la doctrina alcanza tanto a la evaluación de solvencia en el crédito al consumo y en el crédito inmobiliario como a los perfiles construidos a partir de los sistemas de información crediticia. No toda consulta o puntuación constituye una decisión automatizada en sentido estricto, pero cuando el resultado automático desempeña un papel determinante, la entidad debe estar en condiciones de explicarlo y de someterlo a control. Los perfiles algorítmicos dejan de ser un terreno exento de escrutinio judicial. El Reglamento de Inteligencia Artificial, que califica como de alto riesgo los sistemas destinados a evaluar la solvencia de las personas físicas, reforzará esta arquitectura con obligaciones de documentación, supervisión humana y gestión de riesgos, sin sustituir las garantías de la normativa de protección de datos.

La sentencia no elimina la opacidad tecnológica, pero la convierte en jurídicamente discutible. A partir de ahora, la pregunta relevante no es si una empresa dispone de un modelo protegido, sino si puede ofrecer una explicación fiel, comprensible y controlable de cómo ese modelo afectó a una persona concreta. Para quienes representan a afectados, se abren nuevas vías de defensa; para las entidades, surge la necesidad de diseñar sus sistemas pensando desde el principio en su explicabilidad. No deja de ser significativo que un cambio de tanto alcance haya nacido de una disputa por diez euros: a veces son los casos pequeños los que revelan los grandes problemas del Derecho.

Para un estudio sistemático de la jurisprudencia sobre estos registros, le invito a leer el siguiente libro de mi autoría:

Tratamiento jurisprudencial de los registros de solvencia patrimonial. Ficheros de morosos y protección del deudor (Aranzadi La Ley, 2026)

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife