¿Cuánto vale el honor de quien fue señalado como moroso?

Pocas experiencias resultan tan desconcertantes como descubrir que uno figura como moroso por una deuda que no existe, que ya se pagó o que se discutía de buena fe. La anotación cierra puertas: se deniega un préstamo, se rechaza la contratación de un suministro, se frustra el alquiler de una vivienda. Cuando el afectado acude a los tribunales, la pregunta que finalmente se plantea es tan concreta como difícil: cuánto debe pagarse por el perjuicio sufrido. Responderla exige ordenar los presupuestos de esa responsabilidad y los criterios con que los tribunales cuantifican el daño moral, y la comparación con otros ordenamientos, como el brasileño, permite verlos con mayor claridad.

El marco español parte del honor como derecho fundamental reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y desarrollado por la ley orgánica de protección civil de 1982, que se conecta con la normativa específica de protección de datos. El afectado dispone de dos cauces. Por un lado, la protección civil del derecho al honor, en la que el perjuicio se presume una vez acreditada la intromisión ilegítima. Por otro, la acción indemnizatoria del Reglamento General de Protección de Datos por los daños materiales o inmateriales derivados de una infracción. Ambas vías pueden concurrir, siempre que se respeten sus presupuestos y se evite una duplicidad resarcitoria. La diferencia es relevante: la acción europea no presume el daño, y la simple infracción no basta para obtener una indemnización.

¿Cuándo es ilícita la inclusión? La licitud de la anotación en los sistemas de información crediticia no depende solo de que exista una deuda. Exige que esta sea cierta, vencida y exigible; que no exista una controversia relevante sobre su existencia o cuantía; que el acreedor haya informado previamente al deudor y le haya requerido el pago con advertencia de la posible inclusión, y que se respete el límite temporal de cinco años. Cuando alguna de estas garantías falla y la anotación proyecta frente a terceros una imputación de morosidad que no responde a la realidad jurídica, la jurisprudencia aprecia una lesión del derecho al honor que da lugar a la responsabilidad del acreedor y, en su caso, del responsable del fichero.

La presunción de perjuicio no resuelve, sin embargo, la cuestión de su importe, que corresponde individualizar a los tribunales. Entre los factores que la jurisprudencia toma en consideración figuran la duración de la anotación, el número de entidades que consultaron el registro, la difusión de la información, la denegación efectiva de crédito o de otros servicios, las repercusiones económicas o profesionales sufridas y la actitud del acreedor ante las reclamaciones del afectado. El Tribunal Supremo ha advertido reiteradamente contra las indemnizaciones simbólicas, porque vacían de contenido la tutela del honor y pueden favorecer la persistencia de prácticas ilícitas por parte de los operadores económicos.

En la práctica, la prueba de esos factores resulta decisiva. El afectado que acredita cuántas consultas se produjeron, qué operaciones se le denegaron y durante cuánto tiempo permaneció anotado se encuentra en una posición mucho más sólida que quien se limita a invocar la presunción de daño. Solicitar al responsable del fichero el historial de accesos, conservar las comunicaciones de denegación y documentar las gestiones realizadas para obtener la cancelación son pasos sencillos que pueden multiplicar la cuantía finalmente reconocida y que conviene dar antes de iniciar cualquier reclamación.

Brasil ofrece un término de comparación de gran interés. Su Código de Defensa del Consumidor regula de manera específica los bancos de datos de consumidores y reconoce el derecho a la corrección inmediata de la información inexacta. A partir de esa base, el Superior Tribunal de Justicia ha construido una doctrina muy elaborada sobre la inscripción indebida en registros de morosos. Reconoce como regla el daño moral presumido, pero atribuye al gestor del registro, y no al acreedor, el deber de notificación previa; exige que esa notificación se dirija por correspondencia al domicilio del consumidor, sin admitir el simple correo electrónico o el mensaje de texto, y dispensa en cambio el aviso de recibo. Limita además la indemnización cuando existía una anotación legítima anterior, regla que el propio tribunal ha flexibilizado en ciertos supuestos.

Ambos ordenamientos persiguen el mismo objetivo con técnicas distintas. España articula la protección a través de la normativa de protección de datos y de la tutela civil del honor; Brasil lo hace desde el Derecho del consumo, con una intensa elaboración jurisprudencial. La convergencia reside en la relevancia que ambos reconocen al perjuicio reputacional y en la exigencia de mecanismos efectivos de rectificación y reparación. Las divergencias aparecen en la distribución de deberes entre acreedor y gestor del registro y, sobre todo, en el alcance de la indemnización cuando concurren anotaciones legítimas previas, y precisamente esas diferencias revelan las opciones de política jurídica que subyacen a cada sistema.

La responsabilidad civil en los registros de solvencia patrimonial no cumple solo una función reparadora. Debe también disuadir a los operadores de prácticas que resultan económicamente rentables cuando las condenas son escasas o moderadas. Una cuantificación rigurosa, atenta a la duración y a la difusión de la anotación, es la mejor garantía de que los ficheros de morosos cumplan su función informativa sin convertirse en instrumentos de presión. La experiencia comparada demuestra que es posible construir un sistema más previsible y ofrece al legislador y a los tribunales españoles ideas valiosas para avanzar en esa dirección, de modo que el honor de quien fue señalado injustamente tenga, por fin, un precio a la altura del daño.

Si la cuantificación del daño moral le interesa, encontrará un análisis más amplio en el siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

La ilegalidad de la inclusión de deudas en ficheros de morosidad como medio coactivo para obtener su cobro

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife