Después del concurso: por qué deben borrarse los datos negativos

La exoneración de deudas que la legislación concursal permite a las personas físicas tiene una finalidad clara: ofrecer a quien ha fracasado económicamente la posibilidad de empezar de nuevo. Sin embargo, muchos deudores que han obtenido esa segunda oportunidad descubren, meses o años después, que siguen figurando como morosos en los registros de solvencia patrimonial por las mismas deudas que un juez declaró extinguidas. La resolución judicial ha borrado la obligación, pero no su rastro informativo, y ese rastro continúa cerrándoles las puertas del crédito, de la contratación de suministros o del alquiler de una vivienda. La contradicción es evidente y exige una respuesta jurídica que no deje la eficacia de las sentencias a merced de la diligencia de terceros.

La digitalización de las relaciones económicas ha convertido los ficheros de morosos en factores decisivos de la reputación patrimonial. La información sobre el comportamiento económico de una persona, que antes permanecía en círculos reducidos, circula ahora por sistemas interconectados y se consulta de forma casi automática antes de cualquier decisión contractual relevante. En ese contexto, el derecho al olvido adquiere una dimensión específica: actúa como mecanismo de control temporal del tratamiento cuando la información negativa ha dejado de reflejar la situación jurídica real del afectado. No se trata de ocultar el pasado, sino de impedir que un pasado jurídicamente superado siga definiendo el presente.

El fundamento de esta exigencia es sólido. El derecho al olvido se conecta con el derecho fundamental a la protección de datos y con los principios de exactitud, pertinencia y proporcionalidad que la normativa europea impone a cualquier tratamiento. Un dato que fue veraz cuando se registró deja de serlo cuando la deuda se extingue o se transforma por decisión judicial. Mantenerlo supone tratar una información inexacta, desconectada de la realidad, con efectos lesivos sobre el honor de su titular. Está en juego, además, la tutela judicial efectiva, porque una sentencia de exoneración cuyos efectos pueden ser neutralizados por operadores privados queda privada, en la práctica, de buena parte de su eficacia.

¿A quién corresponde cancelar? La legislación concursal impone al acreedor el deber de comunicar la exoneración a los sistemas de información crediticia en los que hubiera incluido la deuda, mientras que la normativa de protección de datos obliga al responsable del fichero a mantener solo información lícita y exacta. No hay conflicto entre ambas normas, sino un régimen de corresponsabilidad. El acreedor responde si incumple su deber de comunicación; el gestor del registro responde si mantiene un tratamiento que ha perdido su base legitimadora. Lo que no puede admitirse es que el deudor exonerado soporte las consecuencias de la falta de coordinación entre ambos, como si la carga de hacer efectiva la sentencia recayera sobre él.

Los gestores de estos registros alegan en ocasiones que ignoraban la existencia del concurso o de la exoneración. El argumento no resiste el análisis. Los registros de solvencia no son receptores pasivos de información, sino operadores profesionales dotados de estructuras técnicas avanzadas y dedicados al tratamiento masivo de datos con un potencial estigmatizante evidente. Les es exigible un deber de diligencia informacional reforzado, y resulta inaceptable que invoquen desconocimiento de resoluciones que han sido objeto de publicidad oficial a través de los cauces que la propia ley concursal establece precisamente para garantizar su conocimiento general.

Si el sistema confía en esa publicidad para que los acreedores tengan noticia del concurso y puedan comunicar sus créditos, no resulta coherente que los gestores de los ficheros, cuya actividad consiste en tratar información sobre solvencia, queden exentos de consultarla. La diligencia exigible a un operador especializado debe medirse con arreglo a su capacidad técnica y a la gravedad del perjuicio que su inacción puede ocasionar. Un particular puede ignorar razonablemente lo que publica un registro oficial; una empresa cuyo negocio es saber quién es solvente y quién no, difícilmente.

El afectado dispone de varias vías. Puede ejercer los derechos de supresión y rectificación ante los responsables del fichero aportando la resolución judicial; puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, y puede acudir a los tribunales, tanto para obtener la tutela de su honor como para reclamar los daños sufridos. La anotación indebida se califica como un daño continuado, que se prolonga mientras los datos permanecen en el registro, y la jurisprudencia rechaza las indemnizaciones meramente simbólicas porque vacían de contenido la tutela y favorecen la persistencia de prácticas ilícitas. No conviene esperar pasivamente: la falta de una respuesta diligente a la solicitud de supresión reforzará después la posición del afectado en cualquier reclamación posterior.

La segunda oportunidad no puede entenderse como un beneficio declarativo o una indulgencia excepcional, sino como un instrumento estructural de política legislativa, reforzado por el Derecho de la Unión, destinado a evitar la exclusión económica permanente. Su coherencia exige que la rehabilitación jurídica vaya acompañada de una rehabilitación informacional. De lo contrario, la exoneración concedida por los tribunales quedaría anulada por mecanismos privados de clasificación que perpetúan el estigma del incumplimiento pasado, y el mensaje que recibiría el ciudadano sería desolador: que el juez puede liberarle de sus deudas, pero no del recuerdo que de ellas guardan quienes deciden si merece o no confianza.

Para conocer con más detalle los fundamentos de esta obligación, le invito a leer el siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

El derecho al olvido en la cancelación de datos en registros de morosidad tras un concurso de acreedores

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife