Cuando el fichero de morosos se convierte en amenaza

Muchas personas han recibido alguna vez una carta o un mensaje con una advertencia inquietante: si no abonan de inmediato una determinada cantidad, sus datos serán incluidos en un registro de morosos. En ocasiones la deuda es real y no ofrece dudas; en otras, se trata de un importe discutido, de una penalización contractual cuestionable o de un cargo que el consumidor considera indebido. En todos los casos la amenaza produce el mismo efecto psicológico: el temor a quedar excluido del crédito empuja a pagar sin discutir. Cuando el registro se utiliza de este modo, como palanca de presión y no como fuente de información, su función jurídica queda completamente desnaturalizada y su uso deja de ser lícito.

Para entender por qué, hay que partir de la naturaleza de los registros de solvencia patrimonial. Constituyen tratamientos de datos personales de carácter excepcional, porque no se basan en el consentimiento del afectado, sino en el interés legítimo de los operadores económicos en conocer la solvencia de quienes pretenden contratar con ellos. Esa excepcionalidad impone una interpretación restrictiva de sus presupuestos y una aplicación rigurosa de la proporcionalidad. Su función admisible es exclusivamente informativa: facilitar decisiones contractuales mediante el conocimiento objetivo del riesgo. Cualquier desviación hacia propósitos coactivos compromete la licitud del tratamiento y transforma un instrumento de información en uno de sanción privada.

El eje del problema es el principio de finalidad, consagrado en el Reglamento General de Protección de Datos y desarrollado en el régimen español de los sistemas de información crediticia. Los datos se recogen con fines determinados, explícitos y legítimos, y no pueden tratarse después de manera incompatible con ellos. Utilizar la amenaza de inclusión, o la propia inclusión, para forzar un pago supone emplear los ficheros de morosos para un fin distinto del que justifica su existencia. Se trata de un ejercicio abusivo del derecho que excede los límites de la buena fe y priva al deudor de la posibilidad de discutir la deuda por los cauces ordinarios, que son los que el ordenamiento ha previsto para resolver ese tipo de controversias.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha fijado una serie de requisitos acumulativos para que una inclusión sea lícita. La deuda debe ser cierta, vencida y exigible; la anotación no puede superar el plazo máximo de cinco años; el importe debe alcanzar el umbral mínimo previsto legalmente; ha de existir un requerimiento previo de pago con advertencia expresa de la posible inclusión, y la incorporación al registro debe comunicarse al afectado. No son formalismos. Son garantías sustantivas que delimitan el ejercicio legítimo de una facultad con una incidencia muy notable en la esfera personal y reputacional de quien la soporta, y cuya ausencia convierte la anotación en una intromisión ilegítima.

El requerimiento previo merece una atención especial, porque cumple una doble función. Por un lado, concede al deudor una última oportunidad para regularizar su situación antes de que se produzca el perjuicio reputacional. Por otro, actúa como mecanismo de control que permite verificar que la inclusión responde a un incumplimiento real y no a un error administrativo, a una reclamación en curso o a una estrategia de presión. Los tribunales han precisado que debe practicarse por medios que permitan acreditar su recepción efectiva, como el burofax o el envío con acuse de recibo, y han rechazado las presunciones de conocimiento que vaciaban de contenido esta garantía.

Las consecuencias de la inclusión indebida están bien establecidas. Desde hace años, la Sala Primera sostiene que la mera inscripción ilegítima en un fichero de morosidad supone por sí misma una lesión del derecho al honor, porque proyecta sobre el afectado una imagen pública de incumplidor que limita su participación en el tráfico económico. El daño moral se presume y no necesita una prueba específica. Su cuantificación, en cambio, debe atender a las circunstancias del caso: la duración de la anotación, el número de entidades que la han consultado, el importe de la deuda o las repercusiones concretas que haya tenido sobre la vida del afectado.

La indemnización cumple aquí una función disuasoria imprescindible. Si la cantidad que se obtiene presionando a miles de clientes supera con holgura el coste de las escasas condenas que llegan a dictarse, la amenaza de inclusión se convierte en una estrategia de negocio racional, por muy ilícita que sea. Solo una respuesta indemnizatoria proporcionada al daño y a la extensión de la práctica permite romper ese cálculo. Por eso resultan tan perjudiciales las condenas simbólicas: no reparan al afectado y, además, envían a los operadores el mensaje de que infringir las reglas sale barato.

Preocupa, en suma, la normalización de una práctica que utiliza los sistemas de información crediticia como instrumento de autotutela del crédito, convirtiendo un mecanismo informativo en un sistema de sanción extrajudicial que opera al margen de las garantías procesales. El ordenamiento no ha conferido a los acreedores la facultad de castigar a sus deudores ni de eludir la vía judicial cuando la deuda es discutida. Una tutela verdaderamente efectiva, en el marco de la normativa de protección de datos, exige aplicar con rigor los requisitos de inclusión y reconocer indemnizaciones suficientes. Quien recibe una advertencia de este tipo debe saber que no está obligado a pagar lo que discute de buena fe por miedo a una anotación que, en esas condiciones, sería ilícita.

Si este tema le resulta cercano, encontrará un tratamiento más extenso en el siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

La ilegalidad de la inclusión de deudas en ficheros de morosidad como medio coactivo para obtener su cobro

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife