Lo accesorio sigue a lo principal, también en los ficheros

La contratación contemporánea rara vez se presenta de forma aislada. Quien adquiere un vehículo, un equipo informático, un tratamiento estético o un curso de formación suele hacerlo mediante un préstamo concedido por una entidad distinta del vendedor, pero estrechamente ligada a él. Quien firma una hipoteca acepta a menudo, junto a ella, un seguro de hogar, una tarjeta o una cuenta asociada. Estas operaciones, conocidas como contratos vinculados o coligados, plantean problemas jurídicos de gran interés, y uno de los menos explorados es su repercusión sobre los registros de solvencia patrimonial. ¿Qué ocurre cuando el consumidor discute el contrato principal y, mientras tanto, la entidad que financió la compra decide anotarle como moroso?

El punto de partida es el principio de exactitud que consagra el Reglamento General de Protección de Datos: los datos deben ser exactos y, si es necesario, actualizados, de modo que los inexactos se supriman o rectifiquen sin dilación. El legislador español, en uso del margen que el Reglamento deja a los Estados, desarrolló el régimen de los sistemas de información crediticia exigiendo que la deuda sea cierta, vencida y exigible y que su existencia o cuantía no haya sido objeto de reclamación por el deudor. Sobre esa base, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la inclusión indebida vulnera el derecho al honor y que el fichero no puede utilizarse como medio de presión para obtener el cobro.

La vinculación contractual introduce en este esquema un elemento decisivo: el viejo principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la compraventa o la prestación de servicios se ve afectada, el préstamo destinado a financiarla no permanece indemne. Un caso resuelto por la Sala Primera lo ilustra bien. Una entidad bancaria incluyó a unos clientes en dos ficheros de morosos por un descubierto de poco más de doscientos euros, derivado de la prima de un seguro de hogar y de gastos de una cuenta que los afectados habían ordenado cancelar al subrogar su hipoteca en otra entidad. El tribunal consideró la deuda, cuando menos, dudosa, apreció un uso abusivo del registro como método de presión y condenó a indemnizar el daño moral causado.

Conviene distinguir varios escenarios. Cuando el contrato principal se declara nulo, por ejemplo por un vicio del consentimiento, la invalidez se proyecta desde el origen, procede la restitución recíproca de las prestaciones y la deuda derivada del préstamo vinculado deja de ser exigible, porque desaparece el fundamento mismo del crédito. Cuando se produce un incumplimiento grave que frustra la finalidad del contrato, procede su resolución, se extinguen sus efectos y puede quedar sin efecto la financiación. En ambos supuestos, la anotación del consumidor en un registro de morosidad resulta improcedente desde el momento en que el incumplimiento se denuncia, sin necesidad de esperar a una declaración judicial.

Este último matiz tiene una enorme relevancia práctica. La jurisprudencia ha admitido que basta una reclamación extrajudicial seria, en la que el consumidor manifieste su disconformidad con la deuda, para que esta pierda la certeza que exige el registro. No se puede pedir a un particular la misma exhaustividad y profesionalidad que a una empresa cuando formula sus quejas; exigirle una fundamentación técnica impecable supondría dejar sin protección a quien carece de asesoramiento especializado, que es precisamente quien más expuesto se encuentra. Las reclamaciones ante los organismos de consumo o las comunicaciones previas discutiendo una cláusula concreta pueden excluir igualmente los requisitos de certeza y pertinencia de la deuda.

Más complejo resulta el supuesto del incumplimiento leve o subsanable. En tal caso el contrato principal sigue vigente, el vendedor está obligado a reparar o sustituir y el crédito mantiene en principio su validez y exigibilidad. La doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre las discrepancias de importe resulta aquí orientadora: lo relevante no es la exactitud matemática del dato, sino si el afectado es realmente un deudor incumplidor. Pequeñas imprecisiones en la cuantía, la evolución de la deuda por el devengo de intereses o la discusión de una parte poco significativa del total no convierten por sí solas la inclusión en una intromisión ilegítima. La frontera depende de la entidad de la controversia y de su conexión con la obligación principal.

Existe, además, una dimensión coactiva que no puede pasarse por alto. La amenaza de inclusión desalienta la discusión del contrato principal, porque el razonamiento del consumidor suele ser muy sencillo: litigar puede darle la razón dentro de dos años, pero mañana puede aparecer en un fichero y quedarse sin acceso al crédito, sin poder financiar un vehículo o un electrodoméstico, quizá sin poder alquilar una vivienda. Ante ese horizonte, lo más prudente parece pagar y olvidarse. Cuando ese cálculo se impone, el ordenamiento deja de funcionar como sistema racional de resolución de conflictos y opera como un mecanismo de presión económica que favorece sistemáticamente a la parte más fuerte.

De ahí una recomendación práctica que cualquier consumidor debería conocer. Si cuestiona la obligación principal, debe comunicarlo de forma fehaciente no solo al vendedor o prestador del servicio, sino también al acreedor de la obligación accesoria cuando no sea la misma entidad. Esa comunicación es la que convierte la deuda en controvertida a ojos del financiador y la que, llegado el caso, permitirá acreditar que la anotación se produjo cuando ya existía una oposición fundada. Es un gesto sencillo, pero puede marcar la diferencia entre una inclusión lícita y una intromisión ilegítima en el honor que el acreedor deberá reparar, además de proteger los datos del consumidor frente a un uso precipitado.

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Tratamiento jurisprudencial de los registros de solvencia patrimonial. Ficheros de morosos y protección del deudor (Aranzadi La Ley, 2026)

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife