Publicación de Rafael LinaresTratamiento jurisprudencial de los registros de solvencia patrimonialConsultar publicación ↗Custodia compartida y procedimientos de violencia de género archivados: qué debe valorar el juez
La STS 215/2026 recuerda que el archivo de un procedimiento penal no impone por sí solo la custodia compartida: debe prevalecer el interés concreto del menor.
El archivo penal no decide automáticamente la custodia
La Sentencia del Tribunal Supremo 215/2026 examina un conflicto en el que se solicitaba la custodia compartida después de haberse archivado un procedimiento de violencia de género. La Sala rechaza que ese archivo obligue a establecer un régimen compartido: la decisión familiar exige una valoración propia y actual de las circunstancias de la menor.
El proceso penal y el procedimiento de familia persiguen finalidades diferentes. El archivo elimina el obstáculo que podría derivarse de un procedimiento penal vivo en los términos legales, pero no sustituye el análisis de la relación parental, la estabilidad de la niña, la capacidad de cooperación y los restantes elementos probados.
El interés superior del menor exige una valoración individual
La custodia compartida no es un premio ni una sanción para los progenitores. Su finalidad es proporcionar al menor la organización más beneficiosa. Por eso el tribunal debe motivar qué sistema protege mejor sus rutinas, vínculos, necesidades educativas y seguridad emocional, sin convertir el recurso de casación en una tercera valoración completa de la prueba.
La intervención de un abogado de familia en Tenerife permite ordenar la información relevante y distinguir los hechos jurídicamente útiles de las acusaciones genéricas. Cuando existe capacidad de diálogo, un divorcio de mutuo acuerdo en Tenerife facilita un convenio adaptado a horarios, colegio, vacaciones y comunicaciones, pero el pacto siempre queda sujeto al bienestar de los hijos.
Qué elementos deben documentarse
Resultan especialmente importantes la disponibilidad real de ambos progenitores, la distancia entre domicilios, la atención que cada uno ha prestado, el grado de conflicto y la aptitud para mantener al menor fuera de la disputa. También deben valorarse informes profesionales y antecedentes judiciales sin extraer de ellos conclusiones automáticas.
La STS 215/2026 confirma que la respuesta debe construirse sobre el caso concreto. Ni la preferencia abstracta por la custodia compartida ni el simple archivo de una causa penal dispensan al juez de explicar por qué la medida elegida protege efectivamente al menor.
Rafael Linares, abogado en Tenerife
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