Segunda Oportunidad: El Supremo exige verificar la buena fe

En pocos años, la segunda oportunidad ha pasado de ser una figura marginal a convertirse en una de las instituciones más utilizadas del derecho concursal español. La reforma de 2022, que transpuso la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, amplió el acceso al mecanismo, simplificó su tramitación y configuró el beneficio como un auténtico derecho de la persona natural. El resultado fue un aumento espectacular de las solicitudes, que multiplicaron el número de procedimientos de personas físicas en los juzgados mercantiles. Ese éxito trajo consigo nuevas preguntas sobre el control de los presupuestos de la exoneración, y el Tribunal Supremo ha dado en 2026 una respuesta que está modificando la práctica diaria de los tribunales.

El 18 de febrero de 2026, la Sala Primera dictó cinco sentencias cuya doctrina puede resumirse en una idea: el juez del concurso de acreedores debe verificar de oficio la buena fe del deudor como presupuesto de acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho, con independencia de que los acreedores se opongan o no. Hasta entonces, en muchos partidos judiciales la ausencia de oposición conducía de forma casi automática a la concesión del beneficio. Ahora, el expediente debe contener información suficiente para acreditar, entre otros extremos, que el endeudamiento no se contrajo de forma temeraria o negligente, y esa carga recae en la práctica sobre el propio deudor.

En torno a esta doctrina se han formado dos posiciones. La favorable sostiene que el Alto Tribunal se ha limitado a aplicar la literalidad de la ley, que configura la buena fe como presupuesto y no como mera excepción oponible por los acreedores. El control judicial sería necesario para evitar solicitudes abusivas y preservar la credibilidad del sistema. La posición crítica advierte de un posible error de diagnóstico: las solicitudes espurias existen, pero no son la regla, y trasladar a todos los deudores una carga probatoria intensa sobre el origen de sus deudas puede excluir del beneficio a personas que lo merecen y que carecen de medios para documentar decisiones adoptadas años atrás.

El parámetro europeo resulta decisivo para resolver esta tensión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de noviembre de 2024, recordó que las restricciones al acceso a la exoneración deben ser proporcionales y estar debidamente justificadas en cada caso. Ese criterio obliga a evitar aplicaciones mecánicas del requisito de buena fe y a incorporar las circunstancias concretas de cada deudor. Hay un aspecto que con frecuencia se olvida: la conducta del prestamista. En un mercado en el que la concesión irresponsable de crédito al consumo ha sido un fenómeno documentado, imputar en exclusiva la insolvencia al prestatario resulta cuestionable a la luz del Derecho europeo y genera incentivos perversos.

¿Qué efectos tiene todo ello sobre la sostenibilidad del sistema? A corto plazo, el nuevo criterio incrementa la carga de trabajo de cada procedimiento, porque los juzgados deben examinar con mayor detalle la documentación y los deudores han de completar sus solicitudes. Genera también inseguridad jurídica durante la transición, en la que conviven criterios dispares. Las primeras resoluciones de las Audiencias Provinciales muestran ya interpretaciones divergentes sobre el nivel de detalle exigible y sobre el peso de la conducta del acreedor, lo que anticipa un periodo de cierta litigiosidad hasta que la doctrina se asiente de manera homogénea.

A medio plazo, el control reforzado podría racionalizar las solicitudes y disuadir a quienes pretenden utilizar el mecanismo de forma abusiva. Pero ese efecto solo se producirá si la doctrina se aplica de manera uniforme en todo el territorio, algo que hoy no está garantizado. Un ciudadano no debería ver concedida o denegada su segunda oportunidad en función del juzgado que le corresponda por reparto, y la disparidad de criterios es, en sí misma, un factor de injusticia que el sistema debe corregir cuanto antes.

El problema de fondo, en cualquier caso, no reside en la falta de control judicial en la fase final del procedimiento, sino en el diseño del concurso sin masa, que permite llegar a la exoneración sin que se hayan activado filtros adecuados en las fases previas. Adelantar el examen de los presupuestos de buena fe al momento de la declaración del concurso y de la admisión de la solicitud permitiría garantizar la sostenibilidad del instrumento sin trasladar a los deudores legítimos el coste de las solicitudes espurias. La reciente Directiva europea de armonización en materia de insolvencia apunta hacia una mayor estandarización, lo que hace aún más urgente que el legislador español acometa esa reforma en lugar de dejarla en manos de la jurisprudencia.

Para quienes asesoran a personas en situación de insolvencia, la nueva doctrina impone algunas pautas prácticas: documentar desde el primer momento el origen y la finalidad de las deudas, explicar con claridad las circunstancias que condujeron a la insolvencia, aportar información sobre la evaluación de solvencia realizada por las entidades prestamistas y no confiar en que la ausencia de oposición bastará para obtener el beneficio. La segunda oportunidad sigue siendo un derecho, pero su ejercicio exige hoy una preparación mucho más cuidadosa, y el papel del abogado en la construcción del expediente resulta más decisivo que nunca.

Si le interesa la evolución de la segunda oportunidad, le invito a consultar el siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

Valoración judicial del endeudamiento temerario: moralización y límites

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife