El riesgo de moralizar el fracaso económico del deudor

La regulación de la insolvencia de las personas físicas encierra una pregunta antigua que el Derecho nunca ha terminado de resolver: si quien no puede pagar sus deudas debe ser tratado como alguien que ha sufrido un infortunio o como alguien que ha cometido una falta. Durante siglos predominó la segunda respuesta, y el deudor insolvente cargó con un estigma jurídico y social difícil de borrar. La irrupción de los mecanismos de segunda oportunidad en Europa supuso un cambio de perspectiva notable, basado en la idea de que el fracaso económico forma parte del funcionamiento normal de una economía de mercado. La cuestión es si ese cambio se mantiene en la práctica judicial española o si la vieja lógica moral está regresando por la puerta de atrás.

El 18 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo dictó cinco sentencias que obligan al juez del concurso de acreedores a verificar de oficio que concurren todos los presupuestos de la exoneración del pasivo insatisfecho, aunque ningún acreedor se oponga. La consecuencia práctica es que el deudor asume una carga de información mucho más exigente sobre el origen de sus deudas. Entre esos presupuestos, el más problemático es el que excluye del beneficio a quien hubiera contraído sus obligaciones de forma temeraria o negligente. Ninguna de las cinco sentencias lo resuelve directamente, pero todas proyectan sobre él un estándar normativo de buena fe que obliga a interrogarse con seriedad sobre sus límites.

Para comprender el alcance del problema hay que recordar la concepción europea de la institución. La Directiva de 2019 sobre reestructuración e insolvencia concibe la exoneración como un instrumento de eficiencia económica, orientado a reducir el coste social del fracaso personal y a reincorporar al deudor a la actividad productiva. No es un premio a la virtud, sino un mecanismo que beneficia al conjunto del sistema. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de noviembre de 2024, recordó además que las restricciones al acceso deben estar bien definidas, debidamente justificadas y sometidas al principio de proporcionalidad. Una deriva hacia un modelo moral-meritocrático entra en tensión con ese parámetro, y son los jueces nacionales quienes deben gestionarla.

En la valoración del endeudamiento temerario acechan tres riesgos. El primero es el sesgo retrospectivo: cuando se enjuicia una decisión conociendo ya su fracaso, resulta demasiado fácil considerarla irracional, aunque en el momento en que se adoptó pareciera razonable. El segundo es la moralización encubierta, que aparece cuando criterios abiertos como la finalidad de las deudas o el nivel social y profesional del deudor sirven para introducir juicios sobre su estilo de vida. El tercero deriva del carácter binario del mecanismo, que conduce a la exoneración total o a la privación total, sin respuestas intermedias calibradas a la enorme diversidad de situaciones que llegan cada día a los juzgados. A ello se añade una dificultad práctica: el deudor debe reconstruir, a veces años después, las razones que le llevaron a contraer cada obligación, y no siempre conserva la documentación necesaria para hacerlo. Exigirle una justificación exhaustiva de decisiones cotidianas puede convertir la buena fe en una carga probatoria imposible.

Entre quien acumuló deudas de consumo de manera claramente desproporcionada y quien se endeudó para sostener a su familia durante un periodo de desempleo existen diferencias evidentes. Pero entre ambos extremos se extiende un amplio territorio intermedio en el que la respuesta del todo o nada resulta difícil de justificar. La proporcionalidad exigida por el Derecho europeo puede servir precisamente para introducir modulaciones en ese territorio, por ejemplo mediante planes de pagos parciales o exoneraciones limitadas a determinadas partidas, en lugar de cerrar por completo el acceso al beneficio. Una solución de ese tipo protegería mejor tanto el interés de los acreedores como la finalidad rehabilitadora del sistema.

Hay, además, una variable que con frecuencia queda fuera del análisis: la conducta del prestamista. El Derecho europeo de crédito responsable impone a las entidades profesionales el deber de evaluar la solvencia de sus clientes antes de concederles financiación. Si ese deber se incumple, una parte de la responsabilidad por el fracaso crediticio se desplaza hacia quien prestó sin la debida diligencia. Un sistema que priva al consumidor de la segunda oportunidad sin examinar cómo actuó el acreedor genera riesgo moral en el mercado y termina protegiendo, paradójicamente, a los operadores menos cuidadosos. Algunas resoluciones posteriores a febrero ya integran esta variable, e incluso alguna se aparta de la doctrina del Alto Tribunal por considerarla contraria al marco europeo.

Frente a esos riesgos, el criterio más sólido es un estándar de razonabilidad ex ante. La pregunta relevante no es si el deudor pudo pagar, porque la respuesta negativa es precisamente lo que justifica el concurso, sino si en el momento de endeudarse existían razones objetivas para creer que podría hacerlo. Combinado con la consideración de la conducta del acreedor y con una aplicación rigurosa de la proporcionalidad, ese estándar permite perseguir el abuso sin castigar el simple fracaso. En términos de derecho mercantil y concursal ofrece, además, mayor previsibilidad a todos los operadores. El fracaso económico no es en sí mismo una falta moral, y el Derecho debe distinguir con precisión entre quien se endeudó de manera irresponsable y quien vio cómo sus previsiones razonables se desmoronaban.

Si la cuestión ha despertado su interés, puede encontrar un desarrollo más amplio en el siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

Valoración judicial del endeudamiento temerario: moralización y límites

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife