Reconocer a la víctima sin renunciar a las garantías penales

Durante buena parte de la historia moderna, el proceso penal se construyó sin la víctima. El delito pasó a concebirse como una ofensa contra el orden jurídico y contra el Estado, que asumió en exclusiva la tarea de perseguirlo y castigarlo. Ese desplazamiento tuvo razones poderosas, pues desterró la venganza privada y garantizó una respuesta igual para todos. Pero dejó en la sombra a quien había sufrido directamente el daño, convertido con frecuencia en un simple medio de prueba al que se cita para declarar y se olvida después. La pregunta sobre el lugar que debe ocupar hoy la persona ofendida no es retórica: de su respuesta depende buena parte de la legitimidad que los ciudadanos atribuyen a la justicia penal.

La tradición filosófica que va de Hegel a Honneth ofrece una clave valiosa para pensar este problema. El daño penal no se agota en la lesión de un bien jurídico abstracto. El delito comporta también una negación del estatus moral de quien lo padece, un mensaje de desprecio que lo sitúa por debajo del autor. Si esto es así, la respuesta institucional no puede limitarse a reafirmar la vigencia de la norma ni a calcular la pena más útil desde el punto de vista preventivo. Las teorías clásicas del derecho penal, tanto las retributivas como las preventivas, muestran aquí una insuficiencia conceptual evidente: ninguna integra con claridad la dimensión relacional del daño, que es precisamente la que la persona ofendida experimenta en su vida cotidiana.

Los avances normativos de las últimas décadas, con el estatuto europeo de la víctima y su desarrollo en España, han mejorado su posición formal, pero no han eliminado su marginalidad estructural. Esa marginalidad se ha visto incluso agravada por la expansión de la justicia negociada y de los procedimientos acelerados. Las conformidades permiten cerrar causas con rapidez, pero a menudo se alcanzan sin que la persona perjudicada haya sido escuchada ni haya comprendido lo pactado. El eficientismo procesal, entendido como la primacía de la rapidez y la descongestión de los juzgados sobre otros valores, tiene así un coste que rara vez se contabiliza y que recae, de forma silenciosa, sobre quien menos capacidad tiene de hacerse oír.

No se trata de cuestionar la utilidad de los acuerdos procesales, que en muchos casos evitan a la persona ofendida la carga de un juicio largo y doloroso. Se trata de advertir que su legitimidad depende de que esa persona sea informada, comprenda el alcance de lo convenido y tenga ocasión real de manifestar su posición antes de que el acuerdo se cierre. Un pacto alcanzado a sus espaldas puede ser jurídicamente válido y, al mismo tiempo, vivirse como una segunda agresión, como la confirmación de que su experiencia carece de relevancia para el sistema que dice protegerla.

El otro gran riesgo es la instrumentalización política. El populismo punitivo ha encontrado en el sufrimiento de los ofendidos un argumento eficaz para justificar endurecimientos penales y recortes de garantías. España ofrece ejemplos elocuentes de reformas impulsadas al calor de sucesos mediáticos, en las que el nombre de una persona concreta sirvió de bandera para cambios legislativos de gran calado. Esta dinámica no beneficia a las víctimas reales. Les impone un papel que no han elegido, el de encarnar la condena pública, y las sitúa en un duelo moral con el acusado que desnaturaliza el proceso. La supuesta oposición entre garantías del imputado y protección del ofendido es falsa: vulnerar los derechos de uno no aumenta el reconocimiento del otro.

La cuestión decisiva no es si la persona ofendida debe intervenir más o menos, sino en qué condiciones su intervención adquiere sentido. Un sistema puede multiplicar los trámites en los que es formalmente oída y mantenerla, aun así, en un papel ritual; puede también concederle espacios limitados pero valiosos. Una participación significativa descansa en varios criterios: el reconocimiento de la experiencia moral del daño, la autonomía basada en una información adecuada y un acompañamiento efectivo, la desvinculación entre participación y severidad del castigo, la posibilidad de expresarse sobre la reparación en sentido amplio y la protección frente a la revictimización durante todo el procedimiento.

Todo ello debe desarrollarse dentro de los límites del Estado de Derecho. La presunción de inocencia, la imparcialidad judicial, la igualdad de armas y el derecho de defensa no son obstáculos contingentes, sino presupuestos de la legitimidad del poder punitivo. La persona ofendida no puede convertirse en un órgano de acusación dotado de poder sancionador propio, ni su relato, por conmovedor que resulte, puede sustituir el estándar probatorio exigido para condenar. Al Estado le corresponde crear las condiciones para que intervenga de manera autónoma, informada y segura: información comprensible y continuada, asesoramiento jurídico independiente, apoyo psicológico especializado y canales de comunicación que no dependan exclusivamente de la estrategia de la acusación.

Concebir a la víctima como criterio de legitimidad de la intervención penal, y no como fundamento del castigo, permite salir del falso dilema entre su exclusión tradicional y su utilización punitiva. Un sistema que responde al delito de manera comprensible y respetuosa con quien lo ha padecido refuerza su legitimidad democrática, obliga al Estado a justificar sus decisiones y recupera la dimensión relacional de la justicia. Reconocer no significa castigar más. Significa tratar a quien ha sufrido el delito como un sujeto cuya experiencia importa, sin entregarle un poder que no le corresponde y sin utilizar su dolor para fines que le son ajenos.

Quien quiera adentrarse con mayor profundidad en este debate encontrará un análisis completo en el siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

El papel de la víctima en el sistema penal contemporáneo: entre el reconocimiento y el eficientismo procesal

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife