Corrupción contractual y la indulgencia penal hacia el poder económico

La idea de que la ley penal es igual para todos constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. Sin embargo, la experiencia acumulada por la criminología y por la práctica forense obliga a preguntarse si esa igualdad formal se traduce en una igualdad real. El concepto de plutofilia alude precisamente a la tendencia del sistema punitivo a dispensar un trato estructuralmente más benévolo a quienes ocupan posiciones superiores en la jerarquía socioeconómica. Si existe un terreno en el que esa asimetría se manifiesta con especial nitidez, y con consecuencias más graves para el interés general, ese terreno es la corrupción en la contratación, tanto en el sector público como en las relaciones entre empresas.

La cuestión puede formularse con precisión: ¿presenta la corrupción en las compras rasgos propios de un sistema penal plutofílico, tanto en la configuración de los delitos aplicables como en su rendimiento procesal y en la determinación y ejecución de las penas? Para responder hay que atender a sus dos vertientes. En la contratación pública se sitúan el cohecho, el tráfico de influencias y los fraudes a la Administración; en la vertiente privada, la corrupción en los negocios, que el Código Penal tipifica desde la reforma de 2010 y que afecta a la selección de proveedores, a la adjudicación de contratos entre empresas y a las relaciones comerciales en general.

El análisis de los tipos penales, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en las grandes causas de los últimos años y de los datos disponibles sobre el perfil de los condenados ofrece un panorama revelador. Lo mismo sucede cuando se compara el modelo español con ordenamientos que han articulado respuestas más intensas frente a esta criminalidad, como el británico o el estadounidense, cuya legislación anticorrupción ha alcanzado una proyección internacional notable y cuyos mecanismos de cooperación procesal y de sanción a las personas jurídicas ofrecen un contraste muy ilustrativo con nuestra práctica judicial.

El primer rasgo plutofílico aparece en el diseño de los delitos. Los tipos aplicables a la corrupción en las compras presentan umbrales típicos y probatorios que operan de manera selectiva. Exigen acreditar acuerdos, contraprestaciones y relaciones de causalidad que, en contextos de estructuras societarias complejas, sociedades instrumentales interpuestas y circulación internacional de fondos, resultan extraordinariamente difíciles de probar. Quien dispone de esas estructuras y de una defensa técnica de alta cualificación se encuentra en una posición mucho más favorable que el delincuente común, cuyas conductas suelen ser más simples, visibles y fáciles de reconstruir en un juicio oral.

El segundo rasgo se aprecia en la aplicación de las circunstancias atenuantes. Las dilaciones indebidas, la reparación parcial del daño o la colaboración tardía con la justicia benefician de manera desproporcionada a quienes tienen recursos para gestionar estratégicamente su posición procesal. Las causas de corrupción se prolongan durante años, en buena medida por su propia complejidad, y esa duración termina traduciéndose en rebajas de pena. La capacidad económica permite, además, consignar cantidades en el momento procesal más conveniente o negociar acuerdos con la acusación en condiciones que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos sometidos a un proceso penal.

El tercer rasgo es quizá el más inquietante. La respuesta penal efectiva, entendida como penas realmente cumplidas, decomisos ejecutados e inhabilitaciones aplicadas, resulta manifiestamente inferior al daño patrimonial y al desvalor que estos delitos representan. Esa distancia entre la gravedad del hecho y su consecuencia real consolida una imagen de impunidad funcional que refuerza la percepción de que la corrupción en la contratación es un riesgo asumible para quien puede permitírselo. Desde el punto de vista preventivo el efecto es devastador, porque el mensaje que recibe el potencial infractor es que el beneficio esperado supera con creces el coste probable.

A ello se suma un efecto menos visible, pero igual de grave: la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la sociedad percibe que los grandes casos terminan con condenas simbólicas tras procesos interminables, se resiente la legitimidad del sistema penal en su conjunto y se alimenta la sospecha de que existen dos justicias, una para los poderosos y otra para el resto. Ningún Estado democrático puede permitirse ignorar esa sospecha, porque socava la disposición de los ciudadanos a cumplir voluntariamente las normas y a confiar en que el dinero público se gasta con honestidad.

Corregir esta asimetría no pasa por endurecer indiscriminadamente el derecho penal. Pasa por reforzar los mecanismos de decomiso, revisar el funcionamiento de las atenuantes en la criminalidad económica compleja, mejorar los canales de denuncia y la protección de los informantes y consolidar los programas de cumplimiento normativo como herramienta de prevención dentro de las propias organizaciones. El objetivo es que la aplicación de la ley responda de forma coherente a la gravedad de las conductas, con independencia de la posición social de quien las comete. Solo así la igualdad ante la ley dejará de ser una proclamación formal para convertirse en una realidad que los ciudadanos puedan verificar.

Si estas reflexiones sobre el sistema penal le han resultado de interés, le propongo la lectura del siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

El papel de la víctima en el sistema penal contemporáneo: entre el reconocimiento y el eficientismo procesal

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife