Libro Tratamiento jurisprudencial de los registros de solvencia patrimonialPublicación de Rafael LinaresTratamiento jurisprudencial de los registros de solvencia patrimonialConsultar publicación ↗

La prisión provisional puede compensarse con una multa pendiente

La distinta naturaleza de la prisión provisional y de la multa no impide su compensación. El Supremo aplica el artículo 59 del Código Penal cuando ya no existe una pena de prisión pendiente y la sanción económica permanece por cumplir. La solución vale también para el penado solvente y evita que las restricciones cautelares queden sin reconocimiento. STS 251/2024, de 13 de marzo [ECLI:ES:TS:2024:1614].

Expedientes judiciales y calendario sobre una mesa de despacho

Una medida cautelar que no había sido compensada

El condenado había sufrido prisión provisional durante el procedimiento. La sentencia le impuso una pena de prisión cuya ejecución fue suspendida y que, tras cumplirse las condiciones y el plazo de suspensión, quedó definitivamente remitida. Continuaba pendiente, sin embargo, el cumplimiento de la multa.

La defensa solicitó que el tiempo de privación cautelar de libertad se compensara con esa sanción económica. La Audiencia Provincial de Barcelona rechazó la petición porque prisión y multa no eran homogéneas y afectaban a derechos diferentes. A su entender, faltaba una base legal y jurisprudencial que permitiera la operación.

La cuestión llegó al Supremo a través del recurso contra la resolución de ejecución. No se discutía ya la culpabilidad ni la corrección de la condena. Se trataba de determinar cómo debía reconocerse una restricción de derechos efectivamente sufrida en el proceso cuando la pena privativa de libertad había quedado extinguida.

Lo que defendían las partes

La defensa invocó el artículo 59 del Código Penal y sostuvo que la compensación entre medidas cautelares y penas de distinta naturaleza es obligatoria. Añadió que no debía condicionarse a la insolvencia: el sacrificio de libertad ya padecido era el mismo aunque el condenado dispusiera de recursos para pagar.

El criterio mantenido en la resolución recurrida era el contrario. La diferencia entre una restricción personal y una obligación patrimonial se utilizaba como razón para excluir el abono. El Supremo considera que ese argumento confunde dos reglas legales que precisamente distinguen entre medidas y penas homogéneas y heterogéneas.

La Sala acoge la pretensión del penado. Su razonamiento no consiste en equiparar económicamente la libertad a una cantidad libremente elegida, sino en aplicar un mecanismo legal de ejecución que impide desconocer las restricciones cautelares ya soportadas dentro del mismo sistema de responsabilidad penal.

Abono y compensación son operaciones distintas

El artículo 58 regula el abono cuando medida cautelar y pena son homogéneas. El ejemplo más claro es descontar la prisión provisional de una pena de prisión. En ese caso existe una coincidencia de naturaleza que permite reconocer directamente el tiempo de privación de libertad.

El artículo 59 contempla la compensación de medidas cautelares cuando la medida sufrida y la pena impuesta tienen distinta naturaleza. Por tanto, la heterogeneidad no es una prohibición: es el presupuesto que explica la existencia de esa segunda regla. El tribunal debe determinar qué parte de la pena se tiene por ejecutada.

La sentencia recuerda que la regulación es común a distintas clases de penas y no contiene una exclusión general de las sanciones patrimoniales. Su interpretación debe atender a los principios de proporcionalidad y culpabilidad y evitar que una restricción legítima de derechos opere finalmente en perjuicio adicional del condenado.

La solvencia no elimina el derecho a compensar

La pena de multa afecta al patrimonio y puede cumplirse mediante pago. Si no se abona, puede generar responsabilidad personal subsidiaria en los términos legales. El Supremo explica que la compensación no surge únicamente cuando ese segundo momento convierte el incumplimiento en una consecuencia sobre la libertad.

También procede cuando el penado es solvente y la multa debe pagarse voluntariamente o exigirse por apremio. Negarlo produciría una diferencia difícil de justificar: quien pudiera pagar perdería el reconocimiento de la prisión provisional, mientras quien no pudiera hacerlo sí obtendría su compensación.

Como módulo de equivalencia, la Sala utiliza la relación del artículo 53 del Código Penal entre un día de privación de libertad y dos cuotas de multa. Aunque la norma contemple el impago, proporciona una referencia legal para esta compensación. No se trata de fijar una indemnización por prisión indebida ni de abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

El efecto de la remisión definitiva de la prisión

La sentencia introduce un límite importante: si existe una pena de prisión pendiente, el reconocimiento debe operar sobre ella. La compensación con la multa no permite duplicar el abono de una misma privación cautelar ni elegir libremente entre sanciones ignorando el estado de su cumplimiento.

Aquí la prisión suspendida había quedado definitivamente remitida. No existía, por tanto, una pena de esa naturaleza pendiente sobre la que aplicar el tiempo cautelar. El Supremo estima el recurso y ordena compensarlo con la multa conforme al módulo explicado, dejando sin efecto la denegación anterior.

Para el estudio del derecho penal, la resolución muestra que la ejecución también requiere un control de proporcionalidad. Un abogado penalista deberá reconstruir las medidas sufridas, las penas impuestas y su situación de cumplimiento. Solo así puede evitarse tanto que una restricción quede sin reconocer como que se descuente dos veces el mismo sacrificio.

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