Préstamo responsable y sobreendeudamiento: qué puede cambiar con la futura Ley de crédito al consumo

Crédito inmediato, obligaciones duraderas

La facilidad para contratar crédito desde un teléfono ha reducido el tiempo de decisión, pero no la trascendencia económica del contrato. Microcréditos, tarjetas de pago aplazado y préstamos rápidos pueden resolver una necesidad puntual y, al mismo tiempo, convertirse en una fuente de sobreendeudamiento cuando se encadenan, se renuevan o se utilizan para pagar otras deudas.

El problema no reside únicamente en que el consumidor reciba información formal. Un contrato puede ser transparente y seguir resultando inadecuado para quien no dispone de capacidad real para devolverlo sin comprometer sus gastos esenciales.

Qué pretende cambiar el Anteproyecto

El Anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo amplía el ámbito de protección a productos que han ganado presencia en el mercado, incluidos determinados microcréditos, préstamos de corta duración y fórmulas de pago aplazado. También plantea límites al coste de algunas operaciones y un periodo de reflexión antes de que el dinero quede disponible.

La reforma proyectada refuerza además la obligación de evaluar la solvencia en interés del consumidor. No debería bastar con comprobar si existe alguna posibilidad de cobro: la entidad ha de valorar si el cliente puede atender las cuotas de forma sostenible, con información suficiente y proporcionada.

La evaluación de solvencia no puede ser un trámite

Una comprobación automatizada basada en pocos datos puede producir una apariencia de control sin detectar que el solicitante ya utiliza nuevos créditos para atender vencimientos anteriores. La calidad de la evaluación depende de que se consideren los ingresos, las obligaciones existentes, la estabilidad económica y el impacto razonable de la nueva cuota.

También importa la explicación. El consumidor debe poder comprender el coste total, las consecuencias del impago y el efecto de una refinanciación. La concesión responsable exige una decisión fundada, no una sucesión de casillas aceptadas con rapidez.

¿Qué ocurre cuando el crédito se concede de forma irresponsable?

Las obligaciones preventivas son más eficaces cuando su incumplimiento tiene consecuencias claras. Las sanciones administrativas pueden corregir prácticas generales, pero no siempre reparan de forma directa el perjuicio sufrido por la persona que recibió un crédito incompatible con su situación económica.

La futura regulación ofrece una oportunidad para precisar qué remedios corresponden en cada caso y cómo se distribuye la responsabilidad. No se trata de borrar automáticamente una deuda ni de excluir la responsabilidad del prestatario, sino de evitar que la obligación de evaluar la solvencia quede reducida a una formalidad sin efecto útil.

Cuando la prevención llega tarde

Si la deuda ya no puede atenderse regularmente, el análisis debe abarcar todos los créditos, los ingresos, el patrimonio y las posibles reclamaciones frente a prácticas contractuales abusivas. Renegociar una cuota aislada puede aliviar el mes siguiente y agravar el coste total si no existe una estrategia conjunta.

En situaciones de insolvencia, la ley de segunda oportunidad puede permitir a una persona física reordenar su situación y solicitar la exoneración de determinadas deudas cuando concurren los requisitos legales. Es una respuesta distinta de la concesión responsable: actúa cuando la prevención no ha evitado el fracaso financiero.

Prevenir y ofrecer una salida

El crédito responsable y los mecanismos de segunda oportunidad cumplen funciones complementarias. El primero debe impedir que se concedan operaciones previsiblemente inasumibles; los segundos permiten que una insolvencia de buena fe no se convierta en una exclusión económica permanente.

La protección eficaz requiere información comprensible, una evaluación real de solvencia y remedios proporcionados. Para el consumidor, la decisión prudente comienza antes de firmar: comparar el coste total, evitar refinanciar deudas sin un plan y solicitar asesoramiento cuando las cuotas empiezan a desplazar los gastos esenciales.

Rafael Linares, abogado en Tenerife