Segunda oportunidad y buena fe del deudor: el nuevo giro del Tribunal Supremo

El nuevo criterio jurisprudencial afecta especialmente al artículo 487.1.6.º del Texto Refundido de la la Ley Concursal, que excluye del beneficio a quienes hayan actuado de manera temeraria o negligente al endeudarse. Y es precisamente aquí donde surge el gran debate jurídico.

Hasta ahora, gran parte de los concursos de persona física —sobre todo los concursos sin masa— terminaban con la concesión de la exoneración sin un examen especialmente profundo sobre el origen de las deudas. El Tribunal Supremo considera que esa práctica había debilitado el sistema y exige ahora un control más riguroso. El deudor deberá explicar no solo cuánto debe, sino también cómo y por qué contrajo esas obligaciones, especialmente cuando exista una desproporción evidente entre las deudas y sus ingresos.

La intención del Alto Tribunal parece legítima: evitar abusos y reforzar la credibilidad del mecanismo de segunda oportunidad. Sin embargo, la cuestión central es otra: ¿dónde termina la valoración jurídica y dónde comienza la moralización del fracaso económico?

El riesgo es evidente. Valorar retrospectivamente decisiones financieras adoptadas años antes puede conducir a un sesgo muy peligroso. Una persona que pidió financiación confiando en mantener su empleo o recuperar su actividad económica puede parecer “imprudente” solo porque finalmente terminó en insolvencia. Pero el Derecho concursal no debería convertirse en un juicio moral sobre las malas decisiones económicas.

Además, existe un elemento frecuentemente olvidado: la conducta del prestamista. En el mercado actual, las entidades financieras y plataformas de crédito disponen de sistemas automatizados, datos masivos y herramientas de evaluación de solvencia enormemente sofisticadas. Si concedieron financiación a una persona claramente incapaz de devolverla, ¿puede atribuirse toda la responsabilidad exclusivamente al deudor?

La normativa europea apunta precisamente en sentido contrario. Tanto la Directiva 2008/48/CE como la nueva Directiva 2023/2225/UE imponen al prestamista el deber de evaluar la solvencia antes de conceder crédito. La propia jurisprudencia europea insiste en que las restricciones al acceso a la exoneración deben interpretarse de manera proporcionada.

Por eso, el verdadero desafío no consiste únicamente en impedir abusos, sino en evitar que la segunda oportunidad deje de ser una herramienta de rehabilitación económica para convertirse en un sistema de selección moral del “deudor merecedor”.

La insolvencia no siempre es consecuencia de irresponsabilidad. A menudo es el resultado de precariedad laboral, crisis personales, enfermedad, inflación o simplemente decisiones económicas que parecían razonables cuando fueron adoptadas.

El equilibrio entre control y acceso será, probablemente, el gran debate del Derecho concursal español en los próximos años. Porque proteger la sostenibilidad del sistema no puede significar convertir el fracaso económico en un estigma jurídico permanente.