Grupos de interés, transparencia y compliance tras el Real Decreto-ley 21/2026

Influir no es ilícito, pero debe ser transparente

El Real Decreto-ley 21/2026 regula las relaciones de los grupos de interés con determinados responsables públicos. Su finalidad es que la participación en decisiones públicas pueda conocerse y quede sujeta a reglas de integridad.

Empresas, asociaciones y profesionales deben identificar cuándo una actuación institucional entra en el ámbito regulado, quién la realiza y qué intereses representa. La informalidad de una reunión no elimina necesariamente su relevancia.

Trazabilidad y conflictos de intereses

Agendas, registros de reuniones, documentación entregada y reglas sobre obsequios ayudan a demostrar que la interacción se produjo de forma legítima. También deben controlarse intermediarios y consultores que actúan en nombre de la organización.

El compliance debe incorporar estos riesgos cuando exista relación habitual con administraciones. Un programa de cumplimiento útil conecta autorización, registro, formación y canal interno, evitando políticas aisladas que nadie aplica.

Del cumplimiento formal a la cultura de integridad

Inscribirse o conservar un acta no basta si se oculta el beneficiario, se ofrece una ventaja o se utiliza información reservada. La prevención exige revisar incompatibilidades y elevar consultas antes de iniciar contactos sensibles.

La norma ofrece una oportunidad para ordenar relaciones legítimas con el sector público. La transparencia protege tanto a la administración como a la empresa frente a sospechas y facilita reconstruir quién intervino, con qué finalidad y bajo qué autorización.

Rafael Linares, abogado en Tenerife