Grupos de interés, transparencia y compliance tras el Real Decreto-ley 21/2026

Influir no es ilícito, pero debe ser transparente

El Real Decreto-ley 21/2026 regula las relaciones de los grupos de interés con determinados responsables públicos. Su finalidad es que la participación en decisiones públicas pueda conocerse y quede sujeta a reglas de integridad.

Empresas, asociaciones y profesionales deben identificar cuándo una actuación institucional entra en el ámbito regulado, quién la realiza y qué intereses representa. La informalidad de una reunión no elimina necesariamente su relevancia.

Trazabilidad y conflictos de intereses

Agendas, registros de reuniones, documentación entregada y reglas sobre obsequios ayudan a demostrar que la interacción se produjo de forma legítima. También deben controlarse intermediarios y consultores que actúan en nombre de la organización.

El compliance en Tenerife debe incorporar estos riesgos cuando exista relación habitual con administraciones. Un programa de compliance útil conecta autorización, registro, formación y canal interno, evitando políticas aisladas que nadie aplica.

Del cumplimiento formal a la cultura de integridad

Inscribirse o conservar un acta no basta si se oculta el beneficiario, se ofrece una ventaja o se utiliza información reservada. La prevención exige revisar incompatibilidades y elevar consultas antes de iniciar contactos sensibles.

La norma ofrece una oportunidad para ordenar relaciones legítimas con el sector público. La transparencia protege tanto a la administración como a la empresa frente a sospechas y facilita reconstruir quién intervino, con qué finalidad y bajo qué autorización.

Rafael Linares, abogado en Tenerife