Concursos de personas físicas en Tenerife: qué revelan las estadísticas de 2025

Un cambio profundo en el mapa de la insolvencia

El concurso de acreedores dejó hace tiempo de ser un procedimiento asociado casi exclusivamente a sociedades mercantiles. Las estadísticas judiciales más recientes muestran que su centro de gravedad se ha desplazado hacia las personas físicas, especialmente consumidores y familias que ya no pueden atender regularmente sus obligaciones.

En Canarias, esta transformación alcanzó una dimensión especialmente visible durante 2025. Los juzgados registraron 4.465 concursos de acreedores: 92 correspondieron a personas jurídicas, 45 a personas naturales empresarias y 4.327 a personas naturales no empresarias. Estas últimas representaron el 96,9 % del total.

Canarias, entre los territorios con mayor incidencia

El número total de concursos presentados en las Islas aumentó un 45,5 % respecto de 2024, un crecimiento superior a la media estatal. Canarias se situó como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento porcentual de solicitudes, después de Baleares y La Rioja.

La tasa de concursos de personas naturales no empresarias alcanzó los 192,3 procedimientos por cada 100.000 habitantes. Fue la segunda más elevada de España, únicamente por detrás de Murcia, y quedó claramente por encima de la media nacional, situada en 135,5.

Qué puede afirmarse sobre Tenerife

Las fuentes públicas consultadas ofrecen datos consolidados para el conjunto de Canarias, pero no permiten atribuir con la misma precisión una cifra concreta exclusivamente a la isla de Tenerife. Por ello, no resulta prudente trasladar automáticamente al ámbito insular un porcentaje estimado de distribución provincial.

Sí puede afirmarse que quienes residen en Tenerife participan de una tendencia regional inequívoca: el concurso de persona física se ha convertido en el procedimiento concursal predominante. Además, desde el cambio competencial introducido en 2023, estos asuntos se concentran en los órganos mercantiles, lo que facilita una lectura estadística más homogénea que en ejercicios anteriores.

Del dato estadístico al problema personal

Detrás de cada expediente suele existir una combinación distinta de desempleo, reducción de ingresos, fracaso de una actividad, avales, financiación al consumo o acumulación de cuotas. Las estadísticas no permiten atribuir una causa única a todos los procedimientos y deben evitarse explicaciones generales que confundan correlación con causalidad.

Lo relevante jurídicamente es determinar si la persona se encuentra en insolvencia actual o inminente, identificar correctamente sus bienes, ingresos y acreedores y valorar el itinerario adecuado. La ley de segunda oportunidad en Tenerife se aplica dentro del marco estatal de la Ley Concursal, con independencia de que la realidad económica del deudor esté vinculada al mercado laboral, empresarial o inmobiliario de las Islas.

Qué persigue el concurso de una persona física

El procedimiento ordena una situación en la que varios acreedores concurren sobre un patrimonio insuficiente. Permite conocer el pasivo, controlar las ejecuciones en los términos legales y decidir si procede la liquidación o, cuando sea viable, una solución vinculada a un plan de pagos.

La exoneración del pasivo insatisfecho no es automática ni alcanza necesariamente a todas las deudas. Exige examinar la conducta del deudor, el deber de colaboración, las causas legales de exclusión, los créditos no exonerables y la existencia de bienes gravados. Tampoco debe confundirse la situación de una persona sin actividad empresarial con la del autónomo que pretende conservar una actividad viable.

Una herramienta jurídica cada vez más utilizada

El predominio de las personas naturales no empresarias confirma que la segunda oportunidad ha pasado a ocupar un lugar central en la práctica concursal. Su finalidad no consiste en borrar indiscriminadamente las obligaciones, sino en equilibrar el cobro posible de los acreedores con la posibilidad de que el deudor de buena fe no permanezca sometido indefinidamente a deudas que no puede satisfacer.

Solicitar asesoramiento antes de que la situación se deteriore permite revisar embargos, garantías, crédito público, vivienda habitual y alternativas al concurso. La cifra de 2025 no describe una solución idéntica para todos, pero sí evidencia que miles de personas en Canarias están recurriendo al procedimiento concursal para ordenar su insolvencia y buscar una recuperación económica real.

Rafael Linares, abogado en Tenerife