Del litigante al facilitador: la abogacía tras la reforma

La justicia de los Estados contemporáneos se ha edificado sobre una imagen muy precisa: la de un juez imparcial que, respaldado por la autoridad pública, decide los conflictos con fuerza vinculante para las partes. Ese modelo ha sido decisivo para la paz social, porque desterró la autodefensa y ofreció a los ciudadanos una vía segura para hacer valer sus derechos. Sin embargo, su propio éxito ha terminado por generar una crisis. La saturación de los tribunales, la lentitud de los procedimientos y el coste económico y emocional de los pleitos han puesto de manifiesto que el proceso judicial no puede ser la respuesta ordinaria a cualquier desacuerdo, por pequeño que sea, entre dos personas o empresas.

La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce una novedad de enorme alcance: con carácter general, en el orden civil y mercantil, la admisión de la demanda queda condicionada a que las partes hayan intentado previamente resolver su conflicto a través de alguno de los medios adecuados de solución de controversias. Por primera vez, el ejercicio de la acción se vincula de forma sistemática a un intento previo de diálogo. Las modalidades admitidas son variadas, desde la negociación directa entre abogados hasta la conciliación, la oferta vinculante confidencial o la intervención de un tercero neutral, y su omisión tiene consecuencias procesales que ningún profesional puede ya ignorar.

¿Complementan estos mecanismos al proceso o vienen a sustituirlo? La respuesta es clara. El cambio de paradigma no supone la desaparición de la justicia tradicional, que mantiene intacta su función de garantía, pero sí su desplazamiento del centro del sistema. El litigio pasa a concebirse como una vía de último recurso, que se activa cuando los intentos razonables de acuerdo han fracasado. Desde el punto de vista del derecho procesal, el requisito de procedibilidad no impide acceder a los tribunales, sino que introduce un filtro destinado a que la demanda deje de ser la primera opción automática. El propósito no es entorpecer, sino racionalizar el uso de un recurso público escaso.

La reforma deja abiertas, eso sí, numerosas cuestiones interpretativas. ¿Cómo se acredita que el intento negociador fue real y no meramente aparente? ¿Qué grado de concreción debe tener la propuesta formulada? ¿Cómo valorará el juez la buena fe de cada parte durante esa fase previa, sobre todo a la hora de imponer las costas? Corresponderá a la doctrina y a los tribunales ir construyendo un marco coherente que evite respuestas dispares en los distintos partidos judiciales. Mientras tanto, la prudencia aconseja documentar con cuidado cada paso de la negociación y tomarse en serio una fase que, mal entendida, puede terminar costando el pleito.

Esta transformación modifica también el concepto mismo de acceso a la justicia. Tradicionalmente se identificó con la posibilidad de acudir a un juez; hoy debe entenderse como la posibilidad de obtener una solución adecuada, en un tiempo razonable y con un coste proporcionado. Los métodos consensuales, por su carácter voluntario y confidencial, permiten además preservar relaciones personales y comerciales que el enfrentamiento judicial suele destruir. La mediación ocupa un lugar preferente en este escenario. Aunque contaba con una ley propia desde 2012, su implantación práctica fue limitada, en parte por la falta de incentivos normativos que ahora se pretende corregir.

El éxito o el fracaso del nuevo modelo dependerá en gran medida de la abogacía. Durante décadas, la formación y la cultura profesional del abogado se han orientado hacia el litigio, hacia la estrategia procesal y la victoria en sala. Ahora se le pide asumir, además, el papel de facilitador del acuerdo y de diseñador de soluciones consensuadas. Esto no significa abandonar la defensa de los intereses del cliente, sino ampliar los instrumentos con los que se ejerce. En muchos casos, defender mejor consistirá en resolver de manera útil y rápida el problema planteado, y no necesariamente en obtener una sentencia favorable varios años después, cuando quizá el conflicto ya ha causado daños irreparables.

Ese cambio de rol exige competencias que no siempre se han cultivado: destreza en técnicas de negociación, capacidad de comunicación empática, conocimiento del derecho colaborativo, gestión de las emociones en conflictos complejos y familiaridad con los entornos digitales en los que cada vez se desarrollan más procesos de resolución. Nada de ello puede improvisarse. Hace falta una reforma de la formación jurídica, tanto en el grado como en el posgrado y en la formación continua que corresponde a los colegios profesionales, para que estas materias dejen de considerarse secundarias. Hace falta también un cambio de mentalidad en una profesión con hábitos muy arraigados.

El nuevo modelo puede combinar eficiencia y protección de derechos, pero su éxito requiere una inversión sostenida en medios materiales, humanos y tecnológicos, y una vigilancia atenta frente al riesgo de que el requisito previo se convierta en un trámite burocrático vacío, cumplido de forma ritual para poder presentar la demanda cuanto antes. Si eso ocurre, la reforma añadirá costes sin aportar beneficios. Si, por el contrario, los operadores jurídicos asumen su espíritu, la justicia española podrá avanzar hacia un sistema más plural y participativo, en el que el juez siga siendo la garantía última, pero no la única puerta de entrada a la solución de los conflictos.

Si estas reflexiones le han resultado de utilidad, le sugiero la lectura del siguiente artículo doctrinal de mi autoría:

La Ley Orgánica 1/2025 y los MASC: cambio de paradigma en el acceso a la justicia y transformación de la abogacía

Rafael Linares Membrilla

Abogado en Tenerife